Managua, Nicaragua | ACAN-EFE
El diputado nicaragüense ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen),
José Antonio Alvarado, dijo ayer que el gobierno colombiano no tiene
“argumentos jurídicos” para desconocer una sentencia de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) que definió los límites entre Colombia y
Nicaragua en el Caribe.
La posición de Colombia de “desconocer el fallo” dictado el 19 de
noviembre de 2012, “jurídicamente es absurda y políticamente solo tiene
sentido a lo interno”, señaló Alvarado, del opositor Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), en una nota de prensa enviada por el Parlacen.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, supeditó la pasada
semana la aplicación del fallo del máximo tribunal de la ONU a que “se
celebre un tratado” bilateral “que deberá ser aprobado de conformidad
con lo señalado” en la Constitución colombiana.
Falsos argumentos
“El tema de que la ley interna de Colombia, incluida la Constitución,
establezca que se necesita un tratado para reformar los límites, es
falso”, sostuvo el legislador.
Según Alvarado, el mismo tratado de Viena deja claro que “aunque
tenga preceptos constitucionales que sean contradictorios a una
resolución judicial, no puede ser argumento para desconocerlo, por lo
tanto Colombia tiene que cumplirlo”.
Asimismo, consideró que Santos “trata de ganar tiempo en una carrera
por la reelección presidencial, y con su posición está dañando el
entretejido jurídico y la visión de paz”.
Posición tica ilógica
Sobre la posición de Costa Rica y Panamá, que han confirmado que se
encuentran redactando junto a Colombia una carta de protesta para frenar
los “ánimos expansionistas” de Nicaragua en el Caribe, el legislador
dijo que “no tiene lógica”.
Observó que la CIJ, con su fallo dictado en noviembre pasado, definió
los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, no con terceros
países.
“Ese fallo no argumenta nada que vaya en contra de los derechos” de Panamá, razonó.
“En el caso de Costa Rica es diferente, porque ellos suscriben un
tratado con Colombia, en un intento por asegurarse mayor cantidad de
aguas territoriales”, anotó, en alusión al tratado Facio-Fernández de
1977, que reconocía como frontera el meridiano 82 y la CIJ determinó que
no lo era.
En su sentencia, la CIJ dejó bajo soberanía colombiana siete cayos
del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían
concedido a Colombia en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia
calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano
en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Nicaragua presentó este lunes ante la CIJ una nueva demanda contra
Colombia para que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima
entre ambos países en el Caribe, “más allá” de los límites definidos en
la sentencia de noviembre pasado.
En un comunicado, el Gobierno de Nicaragua explicó que está
solicitando al órgano judicial principal de la ONU delimitar su
plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, “sin
perjuicio de los derechos de terceros Estados”.
Nicaragua presentó en junio pasado ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental de las Naciones Unidas una solicitud para
extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental en la
parte suroccidental del Caribe de conformidad con la Convención del
Derecho del Mar.
Invoca Tratado de Viena
El doctor José Antonio Alvarado explicó que el tratado de Viena,
firmado en 1969, en su artículo 27 establece que los Estados partes no
pueden “invocar las disposiciones de su Derecho nterno como
justificación del incumplimiento de un tratado”, sentencia o compromiso
internacional.
Los vicepresidentes electos son por el Estado de El Salvador. Diputado
Hermes Flores; Honduras, Roberto Castillo; por Nicaragua. Orlando Tardencilla;
Panamá el diputado Dorindo Jayans Cortes, y República Dominicana Carmen
Mirelly Uceta. 
