El Sistema de Integración Centroaméricana planteó ante la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), su propuesta de crear una Sala Penal a nivel del istmo centroamericano y demás países que integran la propuesta de Armonización de la Legislación Penal y Procesal contra el crimen organizado.
La propuesta del SICA fue dada a conocer durante la clausura del Taller Técnico Regional realizado en Managua entre magistrados, fiscales, policías y Ministros de Seguridad, de Gobernación y Ministerio Público de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, miembros de la COMJIB.
“Para comunitarizar los tres elementos, pretendemos retomar los tratados internacionales vigentes para la eficacia probatoria de los procesos del crimen transnacional organizado y, a su vez, activar con el fortalecimiento del SICA el Consejo de Fiscales, por ser el único que puede garantizar la coordinación en la persecución penal en la región”, señalo el doctor Salazar.
“La primera etapa sería crear la figura del fiscal regional, para reactivar los tratados con la participación e interpretación de la CCJ”; y como un segundo paso, se propone la suscripción de un tratado internacional en materia penal contra el crimen transnacional organizado, que establezca una Sala de lo Penal en la Corte Centroamericana de Justicia, “siempre y cuando cada nación lo permita y solamente cuando el fiscal regional considere necesaria su intervención por la gravedad del caso, por ejemplo ante una posibilidad de amenaza democrática y que un Estado se vea imposibilitado de llevar a cabo el juicio”, dijo el doctor Salazar.La Sala Penal Regional podría tener siete magistrados, uno de cada país que integra la propuesta de armonización de legislación penal, un tribunal colegiado que juzgará e intervendrá cuando el fiscal regional lo solicite para proteger la seguridad democrática de la Región.
Asimismo, el asesor del SICA agregó que casos como el de “El palidejo”, que actualmente está siendo investigado en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, se crearía un tribunal que esté lejos de la situación coyuntural. “De esta forma, podrían resolver de manera colegiada con siete jueces de conocimiento jurídico y tener una función más efectiva”, sostuvo el doctor Salazar.
El asesor del organismo regional aclaró que en ningún momento se intenta invadir las competencias soberanas jurisdiccionales, “sino la existencia de un fiscal regional y una Sala que puedan actuar de manera subsidiaria en aquellos casos que ameriten algún tipo de intervención de un tribunal ante las amenazas democráticas que pueda tener la justicia de un país”.
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