Managua, Nicaragua | ACAN-EFE

El diputado nicaragüense ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), José Antonio Alvarado, dijo ayer que el gobierno colombiano no tiene “argumentos jurídicos” para desconocer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que definió los límites entre Colombia y Nicaragua en el Caribe.

La posición de Colombia de “desconocer el fallo” dictado el 19 de noviembre de 2012, “jurídicamente es absurda y políticamente solo tiene sentido a lo interno”, señaló Alvarado, del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en una nota de prensa enviada por el Parlacen.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, supeditó la pasada semana la aplicación del fallo del máximo tribunal de la ONU a que “se celebre un tratado” bilateral “que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado” en la Constitución colombiana.
Falsos argumentos

“El tema de que la ley interna de Colombia, incluida la Constitución, establezca que se necesita un tratado para reformar los límites, es falso”, sostuvo el legislador.
Según Alvarado, el mismo tratado de Viena deja claro que “aunque tenga preceptos constitucionales que sean contradictorios a una resolución judicial, no puede ser argumento para desconocerlo, por lo tanto Colombia tiene que cumplirlo”.

Asimismo, consideró que Santos “trata de ganar tiempo en una carrera por la reelección presidencial, y con su posición está dañando el entretejido jurídico y la visión de paz”.

Posición tica ilógica

Sobre la posición de Costa Rica y Panamá, que han confirmado que se encuentran redactando junto a Colombia una carta de protesta para frenar los “ánimos expansionistas” de Nicaragua en el Caribe, el legislador dijo que “no tiene lógica”.

Observó que la CIJ, con su fallo dictado en noviembre pasado, definió los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, no con terceros países.


“Ese fallo no argumenta nada que vaya en contra de los derechos” de Panamá, razonó.
“En el caso de Costa Rica es diferente, porque ellos suscriben un tratado con Colombia, en un intento por asegurarse mayor cantidad de aguas territoriales”, anotó, en alusión al tratado Facio-Fernández de 1977, que reconocía como frontera el meridiano 82 y la CIJ determinó que no lo era.

En su sentencia, la CIJ dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.

También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

Nicaragua presentó este lunes ante la CIJ una nueva demanda contra Colombia para que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, “más allá” de los límites definidos en la sentencia de noviembre pasado.

En un comunicado, el Gobierno de Nicaragua explicó que está solicitando al órgano judicial principal de la ONU delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, “sin perjuicio de los derechos de terceros Estados”.

Nicaragua presentó en junio pasado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas una solicitud para extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental en la parte suroccidental del Caribe de conformidad con la Convención del Derecho del Mar.


 Invoca Tratado de Viena
El doctor José Antonio Alvarado explicó que el tratado de Viena, firmado en 1969, en su artículo 27 establece que los Estados partes no pueden “invocar las disposiciones de su Derecho nterno como justificación del incumplimiento de un tratado”, sentencia o compromiso internacional.